Como ya lo sabemos, el próximo 1 de abril de 2023, entrará de forma definitiva la nueva versión del CFDI 4.0, lo que trae consigo una serie de cambios importantes para los contribuyentes al momento de tener que realizar una factura, debido a que no podrán realizarlo de manera habitual como lo realizan actualmente.
Uno de los puntos más importantes de esta nueva versión, es la protección y verificación de los datos proporcionados al momento de querer timbrar una factura si eres persona física o persona moral, ya que a partir de este momento se deben proporcionar datos adicionales para que tu factura sea valida, datos que puedes encontrar en tu constancia de situación fiscal, misma que puedes solicitar a la autoridad SAT.
A partir del 1 de abril, deberás añadir también tu código postal (domicilio fiscal) y régimen fiscal para poder hacer deducible tus facturas, de lo contrario, no podrá ser timbrada y no podrá ser valida. Es por esta razón, que la autoridad SAT ha solicitado a todos los contribuyentes que actualicen su domicilio fiscal ya que incluso pueden ser acreedores a una multa por no tener sus datos atucalizados.
¿Puedo ser multado por no actualizar mis datos?
Una de las más grandes dudas que ha generado el tema de la nueva versión 4.0 entre los contribuyentes, es sobre las sanciones en caso de no actualizar sus datos en tiempo y forma, y la respuesta es que si, la autoridad SAT tiene la facultad de poder sancionar a los contribuyentes con una multa que va desde los 3 mil 870 pesos hasta los 11 mil 600 pesos.
La autoridad puede detectar si en un CFDI el código o el régimen fiscal son distintos a los registrados en su base de datos. Esto ocurre cuando timbra un comprobante, es decir, cuando hace un chequeo para validar la información contenida en el mismo. Si la información no coincide, la autoridad fiscal no lo valida y será imposible deducirlo.
Miguel Ángel Tavares, presidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), alertó que la autoridad fiscal, puede considerar como defraudación fiscal al dar validez a un documento que no reunió con los requisitos necesarios. Un caso así puede ameritar prisión oficiosa sin derecho a fianza, advirtió.
